Una
vez superadas las puntas de crecimiento de contagios, fallecidos, ingresos en
UCI, etc..., Las autoridades nos plantean la disyuntiva entre salud e intimidad
de la ciudadanía. Una verdadera trampa: una disyuntiva que, a mi juicio nunca
debe plantearse al ciudadano, ya que ambos conceptos no deben ser excluyentes. Las
autoridades deben tender a hacer compatibles salud con intimidad.
Cualesquiera
que sean las medidas de control masivo de los ciudadanos que se usen, dejan una
gran secuela: Las bases de datos masivos. Ya sea mediante el uso de datos
móviles, mediante los análisis permanentes de los resultados de los test
masivos o cualquier otro sistema de los que se barajan, aunque sean con
carácter temporal, al final habrán producido una ingente cantidad de
información privada de cada no de nosotros.
Por
supuesto, antes de la supuesta implantación de algunos de estos sistemas de
control, los ciudadanos partimos de una situación negativa: Los datos privados ya
existentes. No olvidemos que, antes del estallido de la pandemia, ya hubo
actuaciones (Presuntamente anónimas) que monitorizaban los movimientos de
muchos ciudadanos con el fin de estudiar los movimientos de la población,
usando los GPS de los teléfonos móviles. A estas iniciativas hay que añadir la
gigantesca masa de información (de la que muchas empresas privadas ya disponen)
sobre muchos detalles personales sobre sus clientes y no clientes.
Pero
el hecho diferencial sobre este asunto. Que se produce como consecuencia del
Covid19, es el acceso a los datos relativos a nuestra salud. Este tipo de datos,
tan sensibles, tienen un tratamiento de especial cuidado ante la Agencia de
Protección de Datos española (Y algo similar sucede internacionalmente). Y son,
precisamente estos datos los que se pretende usar para la lucha contra este
virus y otros posibles virus futuros.
Otro
aspecto no menos relevante es la duración de las medidas excepcionales
aplicables para controlar esta pandemia. Parece
muy evidente que los gobiernos están mas cómodos cuanto mas control
tengan sobre los ciudadanos, y por tanto pretenderán alargar estos controles lo
mas posible, en aras de evitar una reinfección.
Finalmente,
sería necesario promover la confianza en la ciencia. Pero ¿Cómo confiar en la
ciencia si los mismos científicos admiten lo poco que se sabe de este virus?
¿Cómo confiar en los datos si algo tan sencillo como contabilizar ingresos en
hospitales, fallecimientos, altas, etc. se convierte en algo muy difícil de
homogeneizar entre las diferentes administraciones internacionales, nacionales,
autonómicas y locales? ¿Cómo confiar en las conclusiones de los científicos si
constantemente se contradicen entre ellos? Sin embargo, es esperanzador que, a
pesar de todas estas dudas, se han cierran mezquitas, sinagogas o iglesias
porque “la ciencia lo aconseja”, es decir por encima de las creencias
religiosas, empieza a prevalecer la ciencia. Esto es algo que creo no se ha
dado jamás, al menos con esta unanimidad.
Hace
pocos años, me asombré cuando me explicaron que todas las gasolineras del país grababan
imágenes de todos los vehículos que repostaban diariamente. Después conocimos
que existe un software capaz de grabar simultáneamente todas las conversaciones
telefónicas del país. Últimamente he sabido que existe la capacidad de
identificar a las personas por nuestro tono de voz. También se puede saber, no
solo por donde hemos ido, sino junto a quién hemos estado. ¿Cuánto se tardará
en implantarnos algo bajo la piel?
Respecto
a los derechos de los ciudadanos, decir que el 23 de marzo de 1976 de modificó
la resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 de la ONU, en el sentido
de consentir la limitación de ciertos derechos, ante emergencias que amenazan
la vida de una nación y la necesidad de proteger la salud pública. Esto permite
que los estados, siempre en momentos excepcionales, puedan restringir nuestras
libertades de movimiento, expresión y asociación.
La
aparición del VIH (SIDA) y después el ébola, han sido motivo de tensiones entre
la protección de la salud pública y otros derechos fundamentales, incluyendo la
privacidad personal. Y ya fuera del contexto de la salud pública, pero dentro
de las amenazas contra la vida, también las ha habido por causa del terrorismo.
A
nivel europeo, existe la llamada Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH)
y el Reglamento General de la Protección de Datos, un reconocimiento de
derechos mucho más exigente que el de la ONU. Pero también contempla un
supuesto de derogaciones, en el Artículo 15 de la mencionada CEDH: “siempre y
cuando sean temporales, proporcionadas y estrictamente demandadas por la
situación”.
Este
párrafo, que imagino es fruto de una de esas reuniones interminables entre los
responsables europeos de turno, es tremendamente impreciso y dado a la
interpretación del gobierno nacional correspondiente. ¿Qué significa “necesario
y proporcionado” exactamente, ante una crisis del tamaño de covid19? Desgraciadamente,
la disyuntiva entre la protección de las libertades y las medidas de lucha
contra una pandemia presente o futura, está servida.
Países
como China, Corea del Sur o Israel han implantado medidas como: el seguimiento
mediante datos móviles, el mapeo público de individuos (infectados o con
anticuerpos) y otras técnicas de vigilancia masiva. Amén de confinamientos,
cuarentenas y de distanciamiento social. Mientras, en Europa parece irse por
ese camino: se propugnan cooperaciones entre gobiernos y operadores móviles
para desarrollar aplicaciones, que resulten lo menos invasivas de la intimidad
posible, pero que aumenten enormemente el grado de control sobre el “euro-ciudadano”.
Pero su implantación, sea de la profundidad que sea, parece inevitable.
¿Inevitable?
Veremos...Y si lo fuera, al menos controlemos constitucionalmente a los que nos
controlan, ¿No?
